Clausuran “Xibalbá” por daños al medio ambiente

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Telesur

La gestora ambiental BIOCENOSIS A.C. no presentó los datos de obras complementarias y no contempladas ante la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SEMANART) en Yucatán en los resolutivos de los proyectos “Desarrollo Ecoturístico Xibalbá” y “Caminos complementarios para el acceso y operación del Desarrollo Ecoturístico Xibalbá”.

Los resolutivos, fechados en diciembre de 2016 y octubre del 2020, fueron sometidos a evaluación en materia de impacto ambiental ante la delegación en Yucatán de la SEMANART y corresponden solo a aspectos relacionados con el cambio de uso de suelo de los proyectos.

El 13 de octubre la obra fue clausurada temporalmente por el personal de la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), en seguimiento de la visita realizada por inspectores federales el 29 de septiembre, donde pudieron acreditar la realización arbitraria de obras y acciones no contempladas en los resolutivos ambientales que fueron emitidos para el proyecto.

Entre las acciones que no fueron autorizadas por la instancia que se realizaron en el terreno que se ubica en la comisaría de Valladolid, se encuentran excavaciones en la laja calcárea hechas hasta de 20 metros de profundidad alcanzando el manto freático en varios puntos del terreno.

También se encontraron afectaciones directas a cenotes, en los que se pueden observar modificaciones en paredes, apertura de canales de navegación, túneles, así como la construcción de andadores, escaleras de cemento y material pétreo que llegan hasta el cuerpo de agua. Las alteraciones también incluyen habilitación de rutas subterráneas, así como obras que no fueron incluidas en las manifestaciones, dañando irreversiblemente los cenotes localizados en la zona.

Los actos de Grupo Xcaret, violan la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), promulgada el 28 de enero de 1988, además la manipulación libre del entrono ambiental son catalogadas como delito ambiental de acuerdo a lo estipulado e el Código Penal Federal en su artículo 420 Quater en la fracción II donde se establece que es motivo de delito ambiental quien “asiente datos falsos de los registros, bitácoras o cualquier otro documento utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental federal” y en la fracción IV que establece que “Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista o perito o especialista en materia de impacto ambiental, forestal, en vida silvestre, pesca u otra materia ambiental faltare a la verdad provocando que se cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente.”.

La clausura de la PROFEPA deberá continuar el procedimiento de ley acorde con las violaciones cometidas a la normativa federal vigente en la materia.

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